Gremios coinciden en visión positiva de la transmisión de audiencias por streaming

Representantes de las distintas asociaciones gremiales del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la Nación coincidieron en una opinión favorable respecto de la puesta en marcha del acuerdo suscrito el 23 de abril de 2024 entre la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) para la transmisión vía streaming de audiencias de interés público y/o periodístico.
Desde la implementación del referido convenio se han realizado veinticuatro transmisiones abiertas a través de la web, además de otras cuatro iniciales que sirvieron como campo de prueba para afianzar las cuestiones técnicas implicadas en la iniciativa.
Reunidos en el conversatorio impulsado por la Asociación de la Prensa Uruguay (APU) con el propósito de analizar los primeros ocho meses de transmisiones, los convocados expusieron sus puntos de vista respecto de la iniciativa e hicieron diversos aportes para profundizarla y mejorarla.

LEGITIMAR LA LABOR DE LOS OPERADORES JUDICIALES
La actividad inició con un mensaje grabado del Dr. Ricardo Pérez Manrique, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y ex integrante de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país.
Luego de saludar a los integrantes del panel y demás asistentes al evento, Pérez Manrique valoró positivamente la iniciativa de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) que llevó a la concreción del convenio con la Suprema Corte de Justicia. Además, mencionó la opinión consultiva nº 5 de la Corte IDH referida a la pertinencia de la colegiación obligatoria de periodistas en Costa Rica, señalando que allí se desarrolla una opinión muy bien fundada sobre la importancia de la libertad de expresión que puede ser de gran utilidad para apuntalar el convenio SCJ-APU.
El magistrado señaló que estamos ante un buen mecanismo de acceso a las audiencias judiciales sin el cual no se podría llegar al gran público, ya que permite una difusión amplia para toda la ciudadanía y los sectores interesados que pueden conocer de forma directa lo que ocurre en el ámbito judicial sin tener que limitarse solamente a la narrativa periodística. Además, aseguró que es una forma de legitimar la labor de los operadores judiciales, razón por la que debe asegurarse la sostenibilidad económica del proyecto.
Pérez Manrique recomendó generar una "cadencia", una periodicidad en las transmisiones por streaming con el apoyo de los jueces en su condición de directores del proceso, porque es el mejor modo de apreciar el rol de los distintos operadores implicados. También recomendó agregar elementos de análisis y comentario sobre los roles procesales, lo que podría resultar una buena práctica para el futuro.

MAYOR TRANSPARENCIA EN EL SISTEMA
En oportunidad de su intervención y luego de los agradecimientos pertinentes, el Secretario General de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Rody Olivera, enfatizó el valor del convenio en cuanto permite hacer accesible al gran público lo que ocurre en el ámbito de la justicia, pudiendo observar las cosas que no se conocen de otro modo si no se ha estado expuesto a situaciones que solo se ventilan allí.
Olivera insistió en aclarar que la iniciativa de transmisión por streaming no tiene carácter comercial, porque no hay ninguna ganancia involucrada, sino que lo definió como un "trabajo militante" orientado al servicio público. En el mismo sentido adelantó que se está trabajando con Unesco para lograr el financiamiento necesario que permita la permanencia del proyecto.
Además, bregó por una actitud de mayor transparencia y puso dos ejemplos. En primer lugar, el caso de unos jóvenes imputados en Maldonado, oportunidad en la que se decidió la reserva de la audiencia, pero con la posibilidad de transmitir las instancias previas de debate que llevaron a esa resolución, de modo que se conocieran las razones y fundamentos que respaldaban la misma. En segundo lugar mencionó el caso de la transmisión de una audiencia en la que se condenó a dos funcionarios del Poder Judicial, ocasión en la que el abogado defensor pidió anticipadamente la reserva, resolviendo el juez que esa petición debía sustanciarse en audiencia y con expresión de fundamentos, lo que finalmente desembocó en que se desistiera de formalizar tal petición.

DEBE CUIDARSE DE LA PUBLICIDAD A ULTRANZA
Al hacer uso de la palabra, la Dra. María Helena Mainard, Presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) y Ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia de 3º Turno, señaló que el término publicidad del proceso es comprensivo de la publicidad interna (conocimiento del proceso por parte de quienes están implicados en él) y la publicidad externa (conocimiento del proceso por parte de las personas no implicadas directamente en el mismo). Dijo que en el nuevo Código de Proceso Penal (CPP) la regla es la publicidad interna y externa, pero ello no debe entenderse como una publicidad a ultranza, aunque coincidió con algún expositor anterior en cuanto a que la reserva de una audiencia debe decretarse durante el transcurso de la misma y de forma fundada. Además, analizó disposiciones como el art. 135 del CPP, que establece que las audiencias celebradas después de concluida la investigación preliminar son públicas, salvo excepciones (orden moral, orden público, seguridad, privacidad o dignidad de los involucrados, circunstancias especiales) y el art. 138, que otorga al juez la potestad de tomar todas las medidas necesarias para asegurar el normal desarrollo de las audiencias, pudiendo ordenar retiros de sala o prohibir el uso de dispositivos de grabación si con ello se perturba la regularidad del acto.
Mainard recordó el problema endémico de las oficinas del Poder Judicial en cuanto a su capacidad locativa, limitando el acceso de público a las audiencias, así como las cuestiones de seguridad que se derivan de esa situación.
También señaló la primacía del principio de inocencia, que obliga a tratar a los imputados como inocentes, pudiendo conspirar contra ello la exposición pública, así como la existencia de los llamados "juicios paralelos" que se desarrollan en el ámbito público sin garantías de ninguna clase. En este sentido retomó la idea de generar cursos de capacitación para los operadores de prensa de forma que estén mejor preparados para cubrir los acontecimientos del ámbito judicial.

LA PUBLICIDAD ES UN TEMA CENTRAL
Por su parte, el Dr. William Rosa, Presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), sostuvo que el tema de la publicidad del proceso es un tema central y de gran importancia, ejemplificando mediante lo ocurrido recientemente con la audiencia de formalización del intendente de Soriano, que se declaró reservada, permitiendo toda clase de especulaciones respecto de lo ocurrido en ella.
Rosa informó que al comienzo de la puesta en marcha del convenio SCJ-APU los fiscales se mostraron escépticos sobre sus beneficios, señalando que de ese modo se les estaba exponiendo en su imagen personal, pero luego, gradualmente, aceptaron el hecho de que la publicidad obliga al funcionario a mejorar su gestión y rendir cuentas a la sociedad como debe ocurrir en un estado de Derecho.
El presidente de AMFU sostuvo que cada cosa que un Fiscal pretende debe pasar por la decisión de un juez y que, por esa razón, no se puede desconocer la incidencia de este último en el resultado final de la actuación de la justicia. Ejemplificó con el caso Penadés, indicando que la pretensión de la Fiscalía fue objeto de debate en audiencia y, finalmente, la jueza actuante falló contra esa pretensión, evidenciando la importancia de entender la lógica del sistema.
Agregó que la reserva debe tener motivos fundados y resaltó la importancia de que haya un conocimiento amplio de esos fundamentos. Mencionó al ilustre jurista y docente Germán Aller, quien propuso que no debería limitarse la transmisión de las audiencias judiciales, que deberían transmitirse todas y que la ciudadanía decida por cuál interesarse.
Rosa cerró su intervención celebrando la vigencia del convenio SCJ-APU por ser un modo idóneo para que la ciudadanía conozca y aprecie como funciona el sistema de justicia.

CONSOLIDAR LA TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DE JUSTICIA
A su turno, la Dra. Estefanía Broggi, Vicepresidenta de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (ADEPU), calificó el convenio SCJ-APU como algo positivo en cuanto consolida la transparencia en el sistema de justicia y permite que la ciudadanía pueda evaluar el trabajo de los operadores. Además, dijo que brinda una solución para el caso de las audiencias que concitan el interés público, pero deben realizarse en salas pequeñas en las que se congestiona la concurrencia, especialmente cuando se incorporan los equipos de grabación de los medios de comunicación.
Como aporte, sugirió mejorar la transmisión introduciendo un componente que permita explicar mejor a los espectadores lo que ocurre en las mismas y cuál es el rol de cada operador implicado en ellas.
También dijo que la reforma del nuevo CPP fue precaria en cuanto no se otorgaron los créditos presupuestales necesarios, obligando a llevar adelante la labor con recursos menguados.
Como ejemplo de la importancia de divulgar la actividad judicial, e introduciendo una cuota de humor, la profesional dijo que cuando se dicta una sentencia absolutoria (que libera al acusado) no necesariamente implica que el Fiscal no hizo bien su trabajo, sino que la defensa cumplió cabalmente con su responsabilidad.
Mencionó también que existen casos en que la publicidad debe limitarse, porque se ventilan asuntos íntimos que podrían exponer a víctimas y testigos, provocando revictimización o propiciando represalias.
Además, bregó porque se proteja a los defensores penales cuando son objeto de amenazas, lo que puede lograrse explicando con claridad qué es lo que hacen y el hecho de que no pueden elegir los casos en los que actúan.
Y también sugirió informar mejor a la ciudadanía de la posibilidad de acceder a las transmisiones en vivo de las audiencias o a las grabaciones de las mismas.

MEJOR ORGANIZACIÓN DE LAS AUDIENCIAS
El Esc. Luis Maqueira, Presidente de la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay (ADAJU), mencionó que los actuarios que trabajan en la Oficina Penal Centralizada (OPEC) piden una mejor organización de las audiencias y evitar la distorsión que provocan los representantes de los medios de comunicación cuando ingresan después de iniciado el acto.
Maqueira se mostró conforme con los esfuerzos para desarrollar una actuación conforme al principio de publicidad, pero recordó que por ahora eso está limitado a las audiencias en las que existe interés público, que no son la totalidad de las audiencias que se celebran periódicamente en juzgados y tribunales.

EL PROCESO JUDICIAL ES UNA SITUACIÓN ESTRESANTE
Finalmente hizo uso de la palabra Pablo Elizalde, Secretario General de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), señalando que no le agradaba usar la palabra "publicidad", porque la entendía más ligada con lo comercial, prefiriendo categorizar el convenio SCJ-APU como una vía de "acceso" para que la sociedad conozca el funcionamiento, los roles y las circunstancias de los procesos judiciales.
Elizalde recordó que un proceso judicial es una situación estresante porque la labor del Poder Judicial es dirimir conflictos y eso propicia que las partes actúen tensionadas en las audiencias. Pero expresó que eso es algo que debe visibilizarse, más que publicitarse.
Además, mencionó su preocupación porque en Uruguay se evidencia el fenómeno de "judicialización" de la política y, por esa misma razón, es importante que la población pueda conocer de primera mano y con exactitud lo que ocurre durante las audiencias judiciales. Agregó que estas acciones fortalecen al sistema democrático.
Concluyó que las audiencias que deben transmitirse libremente son las que tienen un verdadero impacto público y en tal sentido es muy importante la voluntad política de la Suprema Corte de Justicia para asegurar la continuidad de esas transmisiones.