Búsqueda: Entrevista a la Dra. Adriana Berezán

Adriana Berezán, nueva jerarca administrativa del Poder Judicial, revela el escaso respeto del Parlamento.

Afirma que no pueden “pensar en grandes cosas” sin presupuesto y pone como ejemplo los recursos otorgados para la implementación del expediente electrónico, con los que “no se hace ni la carátula”.

Por Macarena Saavedra, Semanario Búsqueda.

Como un tsunami. Así describe Adriana Berezán sus primeras semanas como jerarca máxima de la Dirección General de Servicios Administrativos del Poder Judicial, tiempo que le permitió darse cuenta de que “es el corazón” del órgano, porque, a excepción de las sentencias que son privativas de la Suprema Corte de Justicia, el resto de las decisiones se toman ahí: desde contratar una empresa de limpieza, hasta comprar un inmueble por cientos de millones de pesos, disponer de recursos humanos y económicos o convocar concursos.

Asumió el cargo el 1 de marzo de 2024, luego del desmantelamiento de la dirección anterior, como consecuencia de situaciones de acoso y violencia laboral que derivaron en renuncias y sumarios. Fue su destacada trayectoria de 38 años como defensora pública, presidenta del gremio y luego directora nacional de la Defensa Pública la que llevó a que le ofrecieran el cargo.

Berezán asegura que durante su gestión el foco estará puesto en los recursos humanos y propone instalar centros de justicia en algunas localidades, para que estén “concentradas” todas las sedes letradas, la defensoría y el Instituto Técnico Forense.

Lo que sigue es un resumen de la entrevista que mantuvo con Búsqueda.

—¿Cuáles fueron las primeras acciones que tomó?

—Convoqué a todos los compañeros de la oficina, me presenté y les dije que iba a ser un despacho de puertas abiertas, porque soy así: me gusta que la gente me tenga confianza. No pretendo que nadie tenga mi camiseta, pero sí lo que quiero es el respeto hacia el trabajo. Teniendo eso, se pueden sobrellevar cosas como oficinas que no son acordes, son viejas y se trabaja en espacios chiquitos. En general, no hay una sola oficina del Poder Judicial donde no digan “me falta personal”. Y es verdad. También está que nosotros pasamos del papel a la computadora, pero yo tengo que tener esos aparatos, como dijo alguna vez el doctor Tabaré Vázquez, one laptop per child. Y no tengo. Entonces, ¿cómo hago para pedir el compromiso de trabajar en gestión si no tengo los recursos para tener un equipo por funcionario?

—¿Ese será uno de los reclamos que hará en el Parlamento el año que viene?

—Si me dan tiempo, me tendrán que escuchar 10 horas. A nivel presupuestal la única forma de que el Parlamento logre entender la esencialidad de este servicio es yendo con información transparente. Si con los presupuestos que tenemos, con ajustes mínimos, el Poder Judicial está primero en transparencia, primero en cumplimiento de información al Ministerio de Economía… Si yo quiero superar esto, tengo que darles a las oficinas los recursos humanos que necesitan. Esa es la prioridad hoy. Pero una cosa que no se sabe, que vamos a trabajar en eso, es: ¿cuál es la oficina ideal?

—¿Quieren hacer un diagnóstico de las necesidades?

—Exacto. Esto viene a raíz de la creación de los juzgados de género, cuando nos dieron seis jueces letrados y, para cada una de las oficinas que se creó con dos jueces, un actuario, un adjunto y tres funcionarios. En San Carlos, en lugar de dos jueces tenemos cuatro, la creación fue de tres defensores públicos, pero hay 11. ¿Cómo se llegó a esos números? Sacando de otros lugares. Pero deberíamos tener una visión más fina. Habría que aportar estadística, sobre cuántas sentencias dicta cada una de las sedes, cuántos oficios y audiencias, para poder realmente definir. Ya estamos trabajando en eso. Tenemos una buena base de información de la División de Tecnología. Lo que tenemos que mejorar un poco es con los servicios inspectivos, que son los ojos humanos de la situación, porque una cosa es que yo imprima una estadística, y otra cosa es ver a la oficina actuar.

—El anterior director general de Servicios Administrativos era ingeniero de Sistemas y usted es una profesional del derecho, ¿qué ventaja considera que le da su formación?

—Es evidente que a mí me resulta muchísimo más fácil entender toda el área jurisdiccional y administrativa, y la defensoría. Tengo más posibilidades de entenderlo en comparación con lo que es tecnología, que me están enseñando los técnicos. Yo amo a la tecnología, pero creo que no es un tema de la herramienta, es un tema de quién usa la herramienta y no nos podemos quedar atrás. El Poder Judicial va en camino a eso, hace muchos presupuestos que se viene hablando del expediente electrónico. Estamos muy lejos, pero empezamos a caminar firmemente. La gran pregunta que yo hago es: ¿quién está al servicio de quién? ¿El sistema de justicia está al servicio de la tecnología o la tecnología está a mi servicio? Creo que en el Poder Judicial es una definición sumamente importante: yo jamás voy a poder sustituir los recursos humanos por la tecnología, pero sin buenos recursos humanos, la tecnología no me va a servir de nada.

—Decía que estamos muy lejos del expediente electrónico, y ese es uno de los reclamos de los funcionarios. ¿Qué falta?

—Primero necesitamos una reforma legal. Esa creo que sería la menos compleja. Pero el expediente electrónico significaría eliminar el papel, en un Poder que desde el día que dio a luz trabajó en papeles. Es sustituir desde el momento uno al papel, por un sistema informático. Eso requiere de un gran desarrollo, seguridad cibernética, resguardo, memoria, personal autorizado para ingresar, porque yo tengo que ir hacia que los profesionales presenten las demandas quizás hasta por mail. Es un cambio enorme.

—Y esa seguridad informática también exige recursos.

—Requiere de una fortuna y no se puede hacer de hoy para mañana. En la última Rendición de Cuentas, dieron un volumen de dinero para el desarrollo del expediente electrónico. Con eso no hacemos ni la carátula, pero vamos a hacer una consultoría para algunos datos y a tratar de empezar a invertir en equipos, para que la gente se acostumbre a escanear los documentos y subirlos.

—¿Cuáles van a ser los pilares del presupuesto que va a reclamar al Poder Legislativo el año que viene?

—Va a tener una perspectiva de recursos humanos. También tenemos que recuperar inversión para gastos de funcionamiento, de mantenimiento y fortalecer toda la parte de tecnología. Ahora estamos por pedirle asistencia a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República para un llamado a concurso, porque nos parece que es un buen referente para darle al Poder Judicial una perspectiva exterior sobre cómo nos ven, qué opinan, por dónde irían, con qué tipo de perfiles.

—¿Sobre la tecnología también?

—Sí, nosotros ya tenemos incorporado Linux y por eso hay algunas cosas que no las podemos hacer. Hay algunas limitantes ahí, pero cambiar el sistema operativo tiene un costo y Linux tiene cero costo. Pero vamos a empezar a generar el encuentro, porque el Poder Judicial tiene que incorporar a las universidades públicas y a las privadas. Hay varias etapas que queremos hacer con la Facultad de Psicología, y también buscar convenios y que estudiantes avanzados de Facultad de Derecho apoyen en algunas áreas en pasantías.

—Eso también daría más recursos humanos.

—No todo pasa por la plata, pero si tengo estudiantes a punto de recibirse que quizás tengan título de procurador, ¿por qué no pueden ir a una Defensoría a hacer la práctica atendiendo público y resolviendo una consulta? Aprenden, desarrollan práctica, y a su vez colaboran con la institución, por ejemplo, a un término de tres meses.

—¿Qué proyectos específicos harían con mayor presupuesto?

—El lunes me trasladé a Ciudad de la Costa, porque la sede de los juzgados penales literalmente se inundó. Tenemos esa sede alquilada, la de al lado alquilada, el Juzgado de Paz alquilado, una casa de archivo alquilada y entre todas no hacés una digna. Nosotros tendríamos que tener la posibilidad de comprar un terreno, un inmueble, un espacio para hacer un centro de justicia. Y no podemos pensar en grandes cosas si no nos dan los recursos. Creo que ha sido una apuesta interesante e inteligente la de concentrar en un mismo edificio oficinas de la misma materia, pero hay que ser cuidadosos en la organización interna, porque en algunos lugares ha dado muy buen resultado, y en otros no.

—¿Le gustaría entonces que haya centros de justicia en diferentes localidades?

—Sí, todavía no he ido por el país para poder decir cuáles. En Salto tenemos un edificio propio, donde se hicieron juzgados de familia de violencia basada en género. Quedaron bien, podrían haber quedado muchísimo mejor, pero no teníamos plata. Y ahora me comentó el arquitecto que hay que pensar en agrandarlos. A mí me cuesta entender, nunca logré entender, por qué el Parlamento mira al Poder Judicial como lo mira, con poco respeto. Nunca lo entendí porque cuando se habla de los índices de transparencia, Uruguay está en los primeros 10 lugares. Hablan de la tasa de corrupción y Uruguay está en el top 10.

—¿Dice que no lo miran con respeto porque no asignan los recursos?

—Exacto, porque una forma de respetarte es creyéndote y entendiendo la necesidad de tus recursos. Puedo entender, y obviamente que lo respeto, que en un presupuesto acotado se recorte. Pero decime por qué. Pero no me digas que no a todo.

—Quizás porque ven que funciona bien con los recursos que tiene.

—Eso es lo doloroso, que no nos podemos dar el lujo de demostrarles que sin recursos vamos a bajar las manos. El esfuerzo que se hace para trabajar debería ser reconocido de otra manera, además porque con esta situación los que pierden, los que sufren las demoras, los edificios que se llueven, la falta de accesibilidad, son los usuarios.

—¿Cómo cree que es el acceso a la Justicia en el territorio?

—Creo que, con excepción de algunas zonas rurales en las que se cerraron los juzgados de paz, el país está bien cubierto. Creo que los juzgados de paz que permanecen tienen que permanecer, porque siguen siendo por excelencia el lugar más importante. La otra forma de acceder a la Justicia es tener un servicio de defensa pública digna.

—¿Y considera que lo es?

—Creo que es extremadamente digno en el contexto del Poder Judicial. Si tenemos el nivel de calidad que tenemos, se la debemos a los funcionarios judiciales sin discriminar grado o escalafón, porque el compromiso es real. Hay gente que no lo hace bien, por supuesto, porque somos humanos, pero el 99% lo hace impecable. Hay sedes donde un funcionario hace el trabajo de cuatro. Eso es lo que tenemos que revisar. Me preocupa el tema de la violencia basada en género, por ejemplo. San Carlos no es el juzgado ideal y nos tenemos que arreglar con lo que hay. La Defensoría está en un lugar con dificultades de acceso, no tienen espacios privados para atender con cierto grado de intimidad a quienes consultan. Pero con todo, si uno mira el volumen y el período de las resoluciones y los plazos, se cumple más que con dignidad el servicio de la Justicia.

—Con respecto al vínculo con otros organismos del Estado, como el Ministerio del Interior, ¿cómo espera trabajar?

—Codo con codo. Es una política de la institución tener reuniones quincenales con la cartera. Por ejemplo, cualquier movida que haga el Poder Judicial en su organización tiene efectos en su contraparte, la Fiscalía, que es el espejo, entonces hay que conversar.

—Con el cambio en los juzgados de San Carlos hubo una incomunicación.

—Puede ser, puede ser.

—Por otro lado, hay dificultades en los traslados de reclusos a los juzgados.

—Eso lo hemos vivido todos. Sabemos que es un tema complejo, pero en algunas cosas no podemos seguir aceptando un “no tengo camioneta, no tengo móvil” del Ministerio del Interior. Habrá que pensar.

—Pero si no hay móviles, ¿cuál es la solución?

—Comprá un minibús, no sé, pero no puede seguir siendo la solución “no tengo recursos”, porque claman seguridad, pero si no cumplo normas básicas como permitirle a alguien que venga a declarar frente a un juez, ¿de qué estamos hablando? Hay que usar la imaginación cuando no hay recursos. Como Poder Judicial tenemos la obligación constitucional de cumplir y creo que el Ministerio del Interior tendría que tener la misma obligación ética. No tengo recursos, no: tengo que ver cómo hago con los recursos que tengo.