Índice WJP pone a la justicia civil uruguaya en el primer lugar de la región

Uruguay aparece en el primer lugar del ranking regional por la percepción respecto de su justicia civil (18º lugar en un conjunto de 142 países), en tanto que ocupa el cuarto lugar de la región por la percepción de su justicia penal (35º lugar en un conjunto de 142 países).
Esta categorización surge del Rule of Law Index (Índice del Estado de Derecho) elaborado por World Justice Project (WJP), reflejando las experiencias y percepciones del público en general y de los profesionales del derecho en cada país, así como expertos en 142 países y jurisdicciones de todo el mundo.
En el documento se ofrecen datos originales e independientes, organizados en ocho factores que comprenden el concepto de Estado de Derecho y que son: limitaciones a los poderes gubernamentales, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, aplicación de normas, justicia civil y justicia penal.
La calificación para la justicia civil uruguaya es 0,72 en un rango que va de cero (puntuación más baja posible) a 1 (la puntuación más alta posible). La justicia penal uruguaya obtiene una calificación de 0,58.
En cuanto al nivel de ausencia de corrupción, la justicia uruguaya recibe una calificación de 0,89 ubicándola en el 23º lugar del total de los 142 países escrutados.
Las puntuaciones de los factores del índice reflejan las perspectivas y experiencias de más de 214.000 personas comunes y corrientes y 3.500 expertos legales en todo el mundo, y están respaldados mediante un riguroso proceso de validación y análisis
En el prefacio del documento se advierte que el Estado de Derecho, un instrumento fundamental para garantizar la paz, la justicia, los derechos humanos, una democracia efectiva y desarrollo sostenible, está experimentando un retroceso en la mayoría de los países. Este fenómeno está "marcado por extralimitaciones de los poderes ejecutivos, que menoscaban los derechos humanos y los sistemas de justicia, además de que no cumplen las necesidades de las personas".
Se añade que "ante estos desafíos, es necesaria una comprensión compartida de la situación que enfrentamos y una evaluación sistemática, sólida y viable del cumplimiento del Estado de Derecho en todo el mundo".