División Informática completó red de videoconferencia que enlaza con centros de reclusión en todo el país
Con la reciente instalación de dos nuevos puestos de videoconferencia en COMCAR se elevó a tres el número total existente en dicho centro de reclusión, dando solución al desborde que se padecía con el único recurso disponible hasta ese momento.
Además, hace dos semanas se instaló un puesto de videoconferencia en Flores, la última zona geográfica que aún quedaba por cubrir, con lo que se completó una red nacional que incluye a todos los departamentos del país.
Este departamento había quedado fuera de las prioridades del proyecto inicial que contemplaba las necesidades impuestas por la operativa de la visita anual de cárceles, concentrándose los esfuerzos en los sitios con mayor número de población recluida.
El COMCAR es uno de los primeros centros en los que se instaló un sistema de videoconferencia que lleva ya 6 años de uso ininterrumpido, del mismo modo que ocurre con la cárcel de Libertad, donde también se implementaron estos recursos tecnológicos con el objetivo de facilitar y agilizar la visita de los Defensores Públicos a partir del año 2014.
Esta iniciativa se amplió en el período comprendido entre 2017 y 2018 al área metropolitana, incorporando a UPPL 1 (Nuevo Punta carretas), UIPPL 6 (Viejo Punta Carretas) y, en 2019, a UIPPL 5 (Femenino).
En el año en curso la iniciativa se implementó en todo el interior del país. La meta inicial fue cubrir todos los requerimientos operativos de la visita anual de cárceles, pero ello no se concretó en razón de que la visita se realizó por legajo. De todas formas el sistema resultó de gran importancia para facilitar las entrevistas desde los Juzgados y Defensorías en el marco de las medidas sanitarias impuestas para combatir la pandemia por la enfermedad de COVID-19, experimentándose un crecimiento explosivo de su utilización.
Estos mismos recursos tecnológicos a disposición de los Defensores Públicos revitalizan hoy su importancia en virtud de las medidas impuestas por el INR prohibiendo la conducción de privados de libertad en virtud de casos de sospecha de infección por coronavirus entre el personal de la Brigada de Traslados.