SCJ se reunirá con representantes de empresas telefónicas por fiscalización de interceptaciones judiciales
En entrevista concedida al programa "Desayunos Informales" que se emite por Canal 12, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Chediak, anunció que la semana próxima se realizará una reunión con los representantes de las compañías telefónicas que operan en nuestro país, para conocer de primera mano las razones por las que se consideran impedidas de brindar determinada información sobre las interceptaciones cumplidas por orden judicial.
Chediak expresó haber quedado con una "visión muy positiva de la reunión" mantenida este lunes en la Suprema Corte de Justicia con el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi para tratar lo concerniente a los procesos de fiscalización de las interceptaciones telefónicas.
El entrevistado entendió que el tema "se aclaró perfectamente por parte del Ministro del Interior", quien reconoció a su vez que "habían tenido un problema interno de comunicación", ya que si bien el documento emitido por la Suprema Corte de Justicia llegó al Ministerio del Interior en mayo de 2017 "entre los tránsitos internos se había traspapelado y a Bonomi le habían dado un informe equivocado, que fue lo que transmitió públicamente en el sentido de que no habíamos hecho la designación", cuando en realidad la Suprema Corte de Justicia había comunicado efectivamente que designaba a su Secretario Letrado para que recibiese los informes pertinentes.
Chediak reconoció que la Suprema Corte de Justicia no dio órdenes específicas a su Secretario Letrado para que intimase cada 90 días al Ministro del Interior el envío de la información a la que estaba obligado. "Tendríamos que haberle recordado que estaba incumpliendo con el envío de la documentación" dijo.
En la reunión se aclaró, además, que las gestiones que estaba haciendo el Ministerio del Interior con las prestadoras de los servicios telefónicos terminaron siendo infructuosas,
"aparentemente por recomendaciones de sus respectivas oficinas jurídicas", y como consecuencia de ello no entregaron los datos de contraste al Ministerio del Interior.
Chediak señaló que se necesitan dos listados para realizar ese contraste, "el listado que tiene el Ministerio del Interior, que nos lo va a entregar esta misma semana" con el que puede conocerse "cuántas interceptaciones han ordenado los aproximadamente cien jueces con competencia penal", y por otro lado "un segundo listado que es el de las operadores de los servicios, que son las que terminan haciendo la habilitación final de la interceptación, no la escucha en sí, porque eso lo hace personal del Ministerio del Interior".
Con la finalidad de esclarecer los impedimentos argumentados por las operadoras de telefonía se convocó a una reunión de urgencia en la sede de la Suprema Corte de Justicia que se realizará el jueves 25 a las 10 de la mañana.
Chediak conjeturó que las empresas telefónicas podrían tener reparos en cuanto al resguardo de datos personales de sus clientes, pero explicó que la Suprema Corte desea saber cuál es el alcance exacto de ese límite, porque no es lo mismo brindar datos estadísticos de cuántas interceptaciones se cumplieron y cuáles fueron las sedes judiciales que las ordenaron, que otros datos más sensibles como, por ejemplo, cuáles son los teléfonos que efectivamente fueron interceptados y quiénes son los titulares de esos aparatos.
"El plan B que hemos manejado con el Ministerio del Interior (para el caso de que) hubiera una resistencia legal fundada de estas empresas, es promover una norma a nivel legislativo que les brinde el marco legal necesario para habilitarles a proporcionar esos datos" señaló el entrevistado.
"En nuestro país las interceptaciones que no fueron ordenadas por un juez no solo son ilegales, son delictivas, las haga quien las haga, las lleve adelante el Estado o una organización criminal" enfatizó.
Refiriendo al programa informático conocido como "El Guardián", Chediak mencionó que se trata de un software empleado "exclusivamente para interceptaciones legales" y que existen resguardos para que ello sea así, porque para una interceptación "se requieren tres firmas electrónicas: de la oficina policial que está haciendo el requerimiento, la del fiscal si entiende que el pedido corresponde y la del juez que toma la decisión sobre si hace lugar a la medida o restringe el plazo de la misma".
Finalmente comentó que las cosas han mejorado con el tiempo, porque "antes de El Guardián había 22 oficinas (en los distintos departamentos del país) que podían -independientemente- requerirle a los jueces que habilitaran interceptaciones y no se hacía ningún tipo de control".