El lunes continuan esfuerzos para solucionar temas de seguridad en juzgados penales
El Comité de Jueces que cumplen funciones en la Oficina Penal Centralizada (OPEC) ubicada en la calle Juan Carlos Gómez 1236 comunicó este miércoles al Presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Dr. Eduardo Turell, que no permitiría el ingreso de público a las audiencias que se desarrollasen en el lugar “hasta tanto el Ministerio del Interior no proporcione la seguridad adecuada en las audiencias y no cumpla con la realización de un efectivo control de las personas que ingresan”.
A efectos de atender el asunto planteado, el Ministro Turell comisionó al Director General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, Ing. Marcelo Pesce, para que tomase contacto con las partes afectadas y diera inicio a una serie de negociaciones orientadas a preservar el normal desarrollo de los servicios.
Producto de esa labor fue la reunión mantenida en la tarde de hoy, en el despacho del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, oportunidad en la que el Dr. Turell recibió a representantes de los jueces penales que cumplen funciones en OPEC y al Director General de los Servicios Administrativos, en una actividad que continuará el próximo lunes, sumándose en esa oportunidad la presencia del Director de la Policía Nacional, Crio. Gral. (R ) Mario Layera.
El tema ya había sido tratado en el pasado mes de febrero, en una reunión mantenida con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Eduardo Turell, de la cual participaron el Ministro del Interior Eduardo Bonomi y el Director General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, Ing. Marcelo Pesce. En esa oportunidad, y según surge del documento COM-838/2019, “se planteó por parte de la Suprema Corte de Justicia la necesidad de reforzar la seguridad de las sedes penales en tres puntos” que incluyen la custodia propia durante las horas de funcionamiento, la presencia policial en cada sala de audiencia y la vigilancia en horario de no operación.
En la misma instancia se estableció como objetivo “ajustar protocolos de actuación y valoración de riesgo en todo el país a los efectos de informar a los magistrados de la eventual peligrosidad de los imputados que son conducidos a audiencia”.
Asimismo, también en dicha instancia se resolvió crear un Grupo de Trabajo para coordinar con el Ministerio del Interior la creación y/o revisión de un protocolo de actuación referente a la seguridad en las sedes judiciales de todo el país en materia penal, familia y familia especializado.
El referido Grupo de Trabajo ya preparó un borrador donde establece que “la seguridad en el desarrollo de las audiencias es una inquietud recurrente que abarca a todo el país, ya que se experimentaron algunas situaciones violentas en audiencias”, proponiendo como respuesta a la situación: 1) presencia de custodia policial en las oficinas en horario de funcionamiento y custodia en la sala de audiencias (1 efectivo por sala, distinto de quien hace el traslado del detenido); y 2) el registro de toda persona que ingrese a la sala de audiencias, registrando nombre y documento de identidad.
En su momento, para asegurar el funcionamiento de la nueva Oficina Penal Centralizada (OPEC) con la puesta en práctica del nuevo Código de Proceso Penal, se instrumentaron los protocolos de seguridad pertinentes, que han sido revisados en varias ocasiones en las reuniones de coordinación que mantiene la Dirección de OPEC con la Dirección del Cuerpo de Seguridad Judicial. Además, el edificio de Juan Carlos Gómez 1236 fue provisto con dispositivos de control como molinetes de ingreso y detectores de metales, además de contar con custodia policial permanente.