Se presentó Modelo de intervención para sanciones no privativas de libertad para adolescentes
El jueves 7 se presentó el Modelo de intervención para sanciones no privativas de libertad para adolescentes. La titular del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Gabriela Fulco, dijo que este trabajo homogeneiza la aplicación de medidas y promueve las no privativas de libertad. De esta manera, se cumple con las Reglas de Tokio de Naciones Unidas, que Uruguay estaba infringiendo.
La presentación del modelo estuvo a cargo de la consultora internacional especialista en ciencias penales y criminológicas de Unicef María Gracia Moraes de Ramírez, quien compartió la mesa con autoridades del Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Suprema Corte de Justicia, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (Anong) y el Instituto Interamericano del Niño (IIN).
Fulco explicó que el Inisa ya comenzó a aplicar el año pasado este modelo, que fomenta un plan individual con cada joven, el apoyo a las familias y la aplicación de medidas no privativas mediante aportes a la comunidad. “Con este modelo, tendremos homogeneizado el accionar a nivel país, lo cual es un paso cualitativo, porque antes había un popurrí de respuestas, que impactaron negativamente en la confianza del sistema de justicia, que históricamente tuvo casi en desuso las medidas no privativas de libertad”, aseguró.
Por otra parte, la jerarca comentó que, con esta iniciativa, Uruguay cumplirá con las Reglas de Tokio de Naciones Unidas, aprobadas en 1990, ya que ha estado señalado en forma negativa por la baja de otorgamiento de medidas no privativas de libertad. “Por todos lados, la medida de privación debería ser el último recurso, no el primero”, dijo.
El modelo presentado en la jornada es un producto nacional hecho en Uruguay por uruguayos y para uruguayos, consensuado, colectivo, elaborado entre los meses de mayo y diciembre de 2017, que comenzó a implementarse en ese mes, explicó Moraes de Ramirez. Comprende tres etapas: aprobación, presentación e implementación, por la cual se transita actualmente, y socialización y capacitación de recursos humanos.
Destacó como uno de los antecedentes de este trabajo la necesidad de cumplir con los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual Uruguay ratificó, que comprende la creación de un sistema penal juvenil. Agregó que este modelo está construido sobre un marco jurídico conceptual y normativo.
Se trata de un conjunto de principios, directrices y pautas metodológicas, cuyo objetivo es orientar la ejecución de las medidas socioeducativas previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay. Pretende proveer a las instituciones ejecutoras públicas y de la sociedad civil de un conjunto de procedimientos que asegure un marco de previsibilidad de las sanciones de los involucrados. “No se trata de una camisa de fuerza, sino de una oferta flexible, porque cada niño y adolescente es individual y cada región del país tiene sus particularidades, es algo orientador”.
Fue construido con tres enfoques: de derechos (adoptado por el Plan Nacional de Primera Infancia y Adolescencia de 2016), educativo (educación integral, formación técnica y laboral, y educación artística y cultural) y comunitario (la intervención debe realizarse en y con las comunidades en las cuales se relaciona el adolescente).
Contiene tres ejes de intervención: El adolescente debe tomar conciencia de que su participación en la vida social conlleva obligaciones y una de ellas es asumir las consecuencias de sus actos respetando los derechos y libertades de los demás. No se actuará para atender patologías, sino para garantizar derechos, y así evitar que exista reincidencia. El tercero es desarrollar sus aptitudes, capacidad de acción y de afrontar las situaciones conflictivas con responsabilidad.
La intervención comenzará con un plan individual para, mediante un protocolo, obtener el conocimiento integral, establecer metas, estrategias y medios de intervención para cada uno de los adolescentes. El modelo contiene un protocolo para cumplir con los casos de sanción, de prestación de servicios a la comunidad y de libertad asistida, así como para sustituir, en el caso de estas dos últimas, una por otra.
La especialista aseguró que la inexistencia de programas y su dudosa calidad conspiran contra el principio de la excepcionalidad de la privación de la libertad. Este modelo rescata el hecho de que el muchacho está atendido y se está responsabilizando, lo cual incrementará la confianza del juzgador en la intervención socioeducativa.