El desempeño del Poder Judicial ha estado a la altura del desafío que le impuso el nuevo CPP, aseveró la Presidente de la SCJ
El tiempo transcurrido desde el pasado 1º de noviembre cuando inició la implementación del nuevo Código de Proceso Penal (ley nº 19.293 y modificativas) "no es suficiente para hacer un balance serio y profundo del nuevo sistema", aseguró la Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dra. Elena Martínez, en oportunidad de participar del acto de apertura del seminario "Balance y desafíos del sistema penal adversarial en Uruguay. El rol de los operadores", que fue auspiciado por la Universidad de Montevideo, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas y la Asociación de Magistrados del Uruguay.
Repitiendo conceptos que ya había expresado ante una comisión del Senado el mes pasado, Martínez sostuvo que es muy pronto para realizar un balance de la implementación del nuevo CPP, pero que igualmente era posible realizar "algunas consideraciones" sin entrar en aventurar "demasiadas proyecciones hacia el futuro". En este marco aseguró que "muchas de las dificultades que han ido surgiendo están a punto de superarse y son propias del inicio de un cambio tan profundo" en tanto que "otras dificultades no eran tan previsibles, como el crecimiento tan importante en el número de denuncias, cuyas causas no es el momento ni el ámbito para tratar, pero que me animo a presumir que en buena medida se debe a la registración minuciosa de cada denuncia en aras del principio de transparencia".
"Pero eso está teniendo un costo alto" dijo la Presidente de la SCJ, refiriendo así a que "no se pueden atender todas las denuncias en un tiempo razonable y esta es una realidad que repercute mucho en el funcionamiento del sistema".
"La previsión del número de fiscales necesarios no podía tener en cuenta este aumento sustancial del número de denuncias, que no era previsible, y hoy aparece como necesaria la creación de nuevos cargos para atender esas denuncias en plazos razonables" apuntó la oradora.
"Por supuesto que esto repercute también en el funcionamiento de los juzgados, que no están trabajando a plenitud, pero tenemos la esperanza de que esto se va a regularizar si es que los reclamos de creación de cargos presupuestalmente posibles es atendido".
"También surge como necesaria la regulación de la actividad policial y su relación con la actividad fiscal dentro del marco normativo del nuevo proceso penal" indicó Martínez apuntando que "existen distintas interpretaciones sobre cuál es la actividad policial que se puede cumplir sin intervención de los fiscales y este es un punto fundamental en el funcionamiento del sistema".
"Pretendemos zanjar esta discusión a través de la vía legislativa y así lo planteamos ante esa comisión parlamentaria ante la que fuimos convocados" subrayó.
"Me parece importante destacar la importancia que tiene, que tuvo y sigue teniendo el vínculo entre la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación" porque "es un vínculo donde la comunicación fluye" y que "se produce cada vez que una de las partes necesita coordinar algo con la otra".
"Eso se hace en forma directa, a veces en forma institucionalmente prevista, porque hay comisiones para ello, y otras veces es totalmente informal y eso ha dado muy buenos resultados".
"El desempeño del Poder Judicial ha estado a la altura de las circunstancias" aseveró la Dra. Martínez, reconociendo asimismo que "hubo algunos problemas de falta de coordinación entre el trabajo de los jueces y el de los fiscales" y que "eso fue superado en virtud de que tenemos esa comunicación permanente, fluida y directa" expresando su deseo de que "las partes sigan considerando esa relación como un valor fundamental".
