Gremiales del Poder Judicial fueron interiorizadas del plan director para implantar nuevo procedimiento penal
17.08.16, de DICOMI-SCJ.- Delegaciones de las distintas gremiales que agrupan al personal del Poder Judicial (magistrados, defensores, actuarios, peritos, informáticos y funcionarios) se reunieron hoy con el Grupo Coordinador del Proyecto de Trabajo para la implementación y funcionamiento del nuevo Código de Procedimiento Penal, oportunidad en la que se les comunicaron las líneas principales del plan de trabajo con el cual se plasmarán las disposiciones de la ley nº 19.293 a partir del 16 de julio del año próximo.
Las ideas iniciales sobre las que se viene trabajando implican que en la capital del país habrá 16 jueces de la materia penal que trabajarán con el nuevo procedimiento (ley 19.293) y diez jueces que lo harán con la norma hoy vigente (ley nº 15.032).
Los jueces penales trabajarán en dos turnos, matutino de 8 a 14 y vespertino de 14 a 20 horas, con lo cual, en cada turno, habrá 8 jueces penales del nuevo procedimiento. La gestión de agenda y las coordinaciones necesarias para el uso de los recursos disponibles será responsabilidad de una Oficina Penal Centralizada (OPeC) que funcionará en el Centro de Justicia Penal de la calle Juan Carlos Gómez 1236, y estará dirigida por un funcionario con perfil de administrador de empresas.
Además podría aumentarse el número de juzgados de ejecución penal, lo que todavía no está resuelto de forma definitiva.
En materia de Crimen Organizado, se mantendrán los dos juzgados especializados que existen en la actualidad y que trabajarán con las causas que tramitan por el viejo procedimiento, sumándose otros dos para atender los asuntos que tramitarán por el nuevo procedimiento de la ley nº 19.293.
La Defensa Pública contará con 16 abogados de oficio que trabarán con el nuevo procedimiento penal (uno por cada juzgado del nuevo sistema, de modo que haya un defensor para cada audiencia) y cinco defensores serán asignados para continuar los asuntos por el sistema hoy vigente de la ley nº 15.032. Se prevé que estos profesionales contarán con el respaldo de cuatro Grupos Operativos de Apoyo integrados por un defensor público, dos procuradores y un funcionario administrativo cada uno.
Además, habrá tres defensores públicos para asistir a las víctimas y otros tres defensores, junto con dos procuradores, que trabajarán en la atención de los imputados en la oficina y durante las vacancias.
Se asignará un defensor público para que trabaje en el ámbito de las faltas (ley nº 19.120).
Para la materia de Crimen Organizado se asignarán dos defensores que trabajarán con el viejo sistema (ley nº 15.032) y dos defensores para el nuevo procedimiento penal (ley nº 19.293).
En el interior del país se crearán cargos de jueces para atender los nuevos procedimientos penales, que trabajarán con los recursos de las mismas oficinas existentes, a razón de un nuevo juzgado donde ya existe un juzgado especializado en materia penal.
Otra novedad planeada es la creación de juzgados de ejecución penal del interior con alcance regional.
Un pilar de fundamental importancia para consolidar este cambio histórico estriba en el uso de la herramienta informática, para lo cual se viene extendiendo a todo el país el Sistema de Gestión de Juzgados Multimateria (SGJM), un moderno software que permite gestionar los trámites de todas las oficinas judiciales con mayor eficiencia.
Se suma a este recurso -y está conectado a él- un sistema de registro de audiencias denominado "Audire", que permite grabar el audio de lo que ocurre en dichas instancias, con lo cual se eliminará la tarea de tomar actas, agilizando la duración de las mismas.
Se trabaja, además, en un Sistema Nacional de Pericias, un software para sistematizar los informes de los peritos del Poder Judicial, y un Sistema de gestión de la Defensa Pública, que permitirá a los defensores públicos trabajar de forma eficiente y coordinada con el sistema de gestión de los juzgados y la Fiscalía.