Comité de crisis creado por SCJ propuso numerosos ajustes para sobrellevar situación deficitaria mientras espera respuesta del MEF
19.01.16, de DICOMI-SCJ.- La Suprema Corte de Justicia creó un comité de crisis con el cometido de resolver, en función de las necesidades del servicio, los temas que son prioritarios y para los que necesariamente se debe destinar crédito presupuestal, así como los que se postergan o no se pueden realizar hasta tanto se disponga de un refuerzo del presupuesto 2016, ya sea por Rentas Generales o por fondos propios.
Este grupo de trabajo está integrado por los señores Ministros Dr. Jorge Larrieux Rodriguez, Dr. Felipe Hounie Sánchez y Dra. Elena Martínez Rosso, el señor Director General de los Servicios Administrativos, Dr. Elbio Méndez Areco, el encargado de la División de Dirección General, Esc. Carlos Queirolo Bouzon, la Directora de División Planeamiento y Presupuesto, Cra. Luz Gonnet Bein, la Directora de División Administración, Cra. Gisel Contreras Feola, el Director de División Informática, Ing. César Arambillete y el Director de División Arquitectura, Arq. Alvaro Más Gómez.
En relación con el crédito de inversiones del Presupuesto 2016 (financiación Rentas Generales- asignado en los Anexos de la Ley de Presupuesto 2015-2019) se resolvió destinarlo en su totalidad al Proyecto Centro de Justicia de Maldonado (CJM), por lo que no habrá crédito para otras inversiones.
Además, no se autorizó que la obra del CJM se ejecute a un ritmo mayor al establecido en el contrato.
En cuanto al mismo punto, se resolvió solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas un refuerzo de crédito por $ 50:000.000 (cincuenta millones de pesos uruguayos) por la financiación Rentas Generales, para afrontar el posible faltante del referido proyecto, en la medida que la obra avance según lo previsto en el cronograma del contrato.
Asimismo dicho refuerzo, en caso de que el MEF lo resuelva en forma favorable, permitiría financiar los compromisos ya asumidos de inversiones que se consideren imprescindibles para el Servicio.
En relación con traslados y apertura de nuevas sedes y costos asociados de servicios personales, inversiones y gastos de funcionamiento, se resolvió: no realizar traslados de sedes ni apertura de nuevas oficinas judiciales, excepto las ya dispuestas por la Suprema Corte de Justicia hasta la fecha.
En cuanto a inversiones en salas de videoconferencias, aires acondicionados, equipamiento informático y cableado de datos, se dispuso: no realizar nuevas instalaciones de salas de videoconferencias, cableado de datos ni equipamiento informático, salvo lo que ya fue aprobado por la Suprema Corte de Justicia hasta la fecha en el Plan de extensión del Sistema de Gestión de Juzgados Multimateria (SGJMM).
Respecto de la apertura del crédito de gastos de funcionamiento reduciendo algunos conceptos hasta tanto se resuelve la financiación del déficit proyectado, se entendió que el déficit de $ 43.703.528 proyectado en la replanificación 2016 debe cargarse a algunos conceptos del gasto que no tienen contrato firmado, dejándolos en la apertura del Presupuesto con menos crédito del que fue estimado como gasto de todo el ejercicio, hasta tanto el Ministerio de Economía y Finanzas se expida sobre la solicitud de refuerzo para Gastos de Funcionamiento que tramite el Poder Judicial.
El comité propuso, además, una lista de gastos que pueden ser objeto de reducción:
1) Suprimir el envío de Cartas certificadas en todos los Juzgados del País y comunicarle al Correo.
2) Abonar a la IMM únicamente la Tasa de Saneamiento de aquellos inmuebles que son arrendados y suspender el pago de dicha tasa a los inmuebles que son propiedad del Poder Judicial.
3) No aumentar el Gasto en Transporte, mantener los contratos actuales.
4) Reducir Servicios de Vigilancia contratada con empresas privadas.
5) Limitar el gasto en pasajes al exterior.
6) Reglamentar lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia sobre el servicio de certificaciones médicas en Montevideo para suprimir el Servicio con empresa.
7) Extender la telefonía IP y limitar el uso de teléfonos fijos del Poder Judicial bloqueando llamadas urbanas a funcionarios, haciendo responsable al jerarca administrativo de la oficina.
En cuanto a los servicios de limpieza, se decidió: mantener los servicios de limpieza con las frecuencias actuales y no comprometerse con contratos por tiempo prolongado.