Suprema Corte y Asociación de Peritos firmaron acuerdo para extender sistema de videoconferencias en tres localidades del interior del país
10.12.15, de DICOMI-SCJ.- La Suprema Corte de Justicia, representada por el Ministro Dr. Ricardo Pérez Manrique y la Asociación Uruguaya de Peritos (AUPE), representada por su Presidente, Dr. Guido Berro Rovira y su Secretario, Lic. Agustín Romano Trinidad, suscribieron ayer un convenio para el desarrollo del sistema de videoconferencias en el interior del país. Para ello, AUPE se comprometió a aportar $ 120.000 con destino a la adquisición de los instrumentos necesarios para la instalación de tres salas de videoconferencia en Bella Unión, Young y Paso de los Toros.
El Dr. Pérez Manrique explicó que a mediados del corriente año la Suprema Corte de Justicia decidió dar un fuerte impulso a la creación de salas de videoconferencias en el interior del país, e impulsar dicho sistema hacia el ámbito de la actividad procesal. Explicó que la videoconferencia dio muy buen resultado como instrumento para impartir cursos de formación, lo cual ocurre en general durante los horarios en que no funcionan las oficinas, pero ahora lo que se pretende es lograr un completo aprovechamiento del recurso, utilizándolo durante las horas laborales para el actividades propias del quehacer jurisdiccional. De ahí la importancia de difundir la existencia y beneficios de este servicio, indicó el alto magistrado.
Por su parte, el Director del Área de Telecomunicaciones de la División Informática, Ing. Marcelo Sniadover, explicó algunos aspectos técnicos de esta novedosa herramienta, señalando que ya están operativas salas de videoconferencia en las 19 capitales departamentales y en otras localidades como Carmelo, Chuy e incluso en centros de reclusión del área metropolitana. En este último caso la videoconferencia resulta sumamente útil para que los reclusos puedan tener contacto con sus respectivos defensores de modo regular y eficiente.
El sistema de videconferencia es soportado por la Red Nacional Judicial (RENAJU), que conecta 260 nodos en todo el país. "Es la autopista usada para todos los sistemas del Poder Judicial" expresó Sniadover tratando de explicar el concepto a los neófitos.
La videoconferencia ya ha resultado útil para recabar declaraciones a distancia, en el ámbito nacional e internacional, enfatizó.
Luego fue el turno del Esc. Guillermo Maddalena, quien está a cargo de la Sección Capacitación de la División Recursos Humanos del Poder Judicial. El profesional explicó el alcance de las normas que regulan el sistema de videoconferencia en el ámbito judicial, en especial la Acordada nº 7784, difundida a través de la Circular nº 171/2013.
Finalmente, la Dra. Natalia Sueiro relató para la concurrencia un caso en el que se interrogó a un testigo a través del sistema de videoconferencia. Se trató de un juicio contra el Poder Judicial iniciado por una mujer que fue detenida en el departamento de Artigas, madre de varios hijos, que luego fue absuelta por no encontrarse elementos para su condena. En razón de haber padecido prisión indebida correspondía su reparación patrimonial, lo que obtuvo a través del juicio iniciado en uno de los Juzgados Letrados de lo Contencioso Administrativo en la capital del país. El asunto cobra especial relevancia porque se trata de una mujer en un notorio estado de vulnerabilidad, explicó Sueiro. Parte de la prueba en el proceso fue la declaración de los profesionales que habían tratado a la mujer. En circunstancias normales podría haberse hecho mediante tribunal comisionado, es decir, que el Juez Letrado de lo Contencioso Administrativo, con sede en Montevideo, podía solicitar a alguno de los jueces letrados del departamento de Artigas que le auxiliasen, tomando la declaración requerida. Esto podría afectar el principio de inmediación, ya que el juez que tiene que resolver la causa no escucha de primera mano los testimonios, sino que recibe documentación del juez auxiliar que le ilustra sobre dicha prueba. Con el sistema de videoconferencia todo esto se soluciona convenientemente, ya que el juez de la causa pudo presenciar por si mismo, mediante vía remota, la declaración de los profesionales. Al no haber una normativa expresa a este respecto, es posible introducir este recurso tecnológico sin sobresaltos, señaló la Dra. Sueiro.
El evento finalizó con la firma del convenio interinstitucional entre la Suprema Corte de Justicia y la Asociación Uruguaya de Peritos (AUPE) para la instrumentación de videoconferencias en el interior del país. En el documento se establece que "la comisión directiva de AUPE, en reunión ordinaria de fecha 11 de noviembre de 2015, resolvió declarar de interés institucional la participación y colaboración en la instalación de salas de videoconferencia en las ciudades más alejadas y pobladas del interior del país".
En este marco, AUPE se comprometió a aportar $ 120.000 con destino a la adquisición de los instrumentos necesarios para la instalación de tres salas de videoconferencia en Bella Unión, Young y Paso de los Toros.
El documento también establece que "en la medida que no interfiera en el funcionamiento de la oficina judicial, la Asociación Uruguaya de Peritos podrá utilizar la salas de videoconferencias para realizar actividades de capacitación dirigidas a peritos, operadores jurídicos y profesionales vinculados a la labor pericial en todo el país".