Suprema Corte de Justicia explicó necesidades presupuestales ante Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado
11.11.15, de DICOMI-SCJ.- La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores recibió ayer por la tarde a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes concurrieron para argumentar sobre las necesidades presupuestales del Poder Judicial en el próximo quinquenio. La delegación visitante estaba compuesta por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Chediak, el Ministro de la Corporación Dr. Ricardo Pérez Manrique, el Director General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, Dr. Elbio Méndez Areco, la Directora de la División Planeamiento y Presupuesto del Poder Judicial, Cra. Luz Marina Gonnet y la Directora del Servicio de Abogacía de la Suprema Corte de Justicia, Dra. Virginia Collazo.
El Dr. Jorge Chediak expresó que la instancia resultó positiva y enfatizó que los integrantes de todas las bancadas políticas representadas en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado escucharon con atención los asuntos tratados, especialmente lo concerniente a las dificultades presupuestales inmediatas, lo cual fue expuesto en detalle por la Cra. Luz Marina Gonnet.
En síntesis, los senadores preguntaron cuál sería la prioridad mínima de necesidades para los años 2016 y 2017, estimándose desde el Poder Judicial que se necesitan cincuenta millones de pesos para reforzar el rubro inversiones y otros setenta millones de pesos para el rubro gastos.
Mediante un documento audiovisual preparado especialmente al efecto se transmitió puntualmente a los miembros de la comisión del Senado cuatro prioridades para el quinquenio: a) construcción del Centro de Justicia de Maldonado; b) Obtención del crédito necesario para gastos de funcionamiento y para cumplir con las sentencias de condena, laudos arbitrales y transacciones homologadas judicialmente (no incluye las condenas por motivos salariales); 3) Centros de Mediación; y 4) Derechos humanos, equidad, género e infancia.
La construcción del Centro de Justicia de Maldonado implica una de las mayores inversiones a realizar en el quinquenio, por su monto e importancia. En el año 2014, el departamento de Maldonado fue uno de los que registró mayor costo por local alquilado del país.
De no aprobarse la partida de inversiones solicitada por el Poder Judicial, lo asignado en la línea de base por el Poder Ejecutivo debería destinarse a la obra del primer bloque, cuyo contrato ya está firmado, lo que obligará a postergar en el año 2016 todas las demás inversiones edilicias, informáticas y de equipamiento en general.
En segundo término, el incremento en Gastos de Funcionamiento y Suministros Oficiales está vinculado con la creación de juzgados, defensorías, centros de mediación y equipos técnicos multidisciplinarios que asisten a los magistrados. Sin embargo, este no es el único factor que pesa en el incremento de costos: los precios de los bienes y servicios que se contratan también han aumentado, no sólo por la inflación y la suba del dólar, sino por los nuevos requerimientos en materia de seguridad laboral que se trasladan a los costos por parte de las empresas contratadas.El Poder Judicial cuenta con alrededor de 400 sedes en todo el país que debe mantener en funcionamiento; esto supone pagar los distintos servicios, realizar refacciones de instalaciones eléctricas, mantenimiento de azoteas, pintura, entre otras.En los últimos años se han registrado importantes déficits que se han financiado con sucesivas solicitudes de refuerzo de crédito presupuestal al Ministerio de Economía y Finanzas, así como con traspasos desde partidas de Inversiones hacia Gastos. Teniendo presente la prioridad de construir el Centro de Justicia de Maldonado, no será posible utilizar crédito de Inversiones para cubrir Gastos.También se considera dentro de esta prioridad la inclusión de una partida presupuestal para hacer frente a la financiación de aquellas cantidades líquidas y exigibles que surjan de la ejecución de sentencias, laudos arbitrales y transacciones homologadas judicialmente, que condenen al Poder Judicial al pago de las mismas, como consecuencia de los establecido en el Art. 9 de la Ley 19.310 del 7 de enero de 2015, que establece que toda condena al Poder Judicial será abonada con cargo a su presupuesto.
La tercera prioridad implica la creación de nuevos Centros de Mediación, con el objetivo de expandir la exitosa experiencia de la composición voluntaria de conflictos vecinales. Se ha demostrado que un 98% de los casos llevados a mediación en el año 2014, se resolvieron favorablemente.
En último lugar, se procura obtener una mejora sustancial en la resolución de los asuntos vinculados a los temas de derechos humanos, equidad, género e infancia, por la vía del fortalecimiento de los tribunales, equipos técnicos multidisciplinarios que asisten a los magistrados y servicios de apoyo relacionados.