Informe revela empeñosa adaptación de 5 funcionarios con discapacidad contratados como administrativos en sedes del interior
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley nº18.651 de Protección Integral de Personas con Discapacidad, la Suprema Corte de Justicia realizó en setiembre de 2017 un concurso exclusivo para personas con discapacidad que pudiesen cumplir funciones como administrativos en sedes del interior del país.
Según establece la norma, se considera discapacitada a toda persona que “padezca o presente una alteración funcional permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) o mental (intelectual y/o psíquica) que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral”. Su objetivo es establecer un sistema que “les dé la oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás personas”.
A dos meses del ingreso de las cinco personas que superaron satisfactoriamente las evaluaciones correspondientes, la Dirección General de los Servicios Administrativos emitió un documento basado en el informe del Soc. Javier Vicente de la División Recursos Humanos, en el cual se describe cómo fue la adaptación y evolución de los nuevos integrantes en sus respectivas sedes.
En él se destacó “la voluntad y empeño” de los funcionarios en la realización de las tareas asignadas y el “interés” que tienen por las actividades de la sede. Según lo manifestado por los jerarcas de cada oficina, “los procesos de adaptación vienen siendo exitosos y el desempeño de los funcionarios colma y, en algunos casos, supera las expectativas de los mismos”.
La Selección
Previo a la inscripción, se realizó una charla de sensibilización dirigida a las personas encargadas de recibir dichas inscripciones denominada “Buenas prácticas para el trato y la atención al público de personas con discapacidad”. La misma se transmitió a través del sistema de videoconferencia y estuvo a cargo de técnicos del Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS) y el Sociólogo Javier Vicente del Departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial.
Al finalizar las evaluaciones, PRONADIS se entrevistó con cada uno de los postulantes seleccionados para elaborar un perfil laboral y determinar las necesidades de apoyo y los recursos necesarios a los efectos de facilitar la autonomía de trabajo y su adaptación en las oficinas asignadas.
Los nuevos funcionarios poseen discapacidades como: falta de movilidad en el lado izquierdo, ceguera, sordera, discapacidad motriz y uno de ellos carece de sus dos extremidades superiores.
Para cumplir con los requerimientos necesarios se contó con el apoyo de la División Informática que aportó el equipamiento y el software de apoyo para personas con discapacidad visual. Asimismo, División Administración colaboró con el mobiliario de oficina y se procuró la asistencia de una persona con conocimientos en lenguaje de señas que asistirá al funcionario con discapacidad auditiva.