SCJ respondió 5 pedidos de informe de legisladores amparados en el art. 118 de la Constitución Nacional

25.04.13, de DICOMI-SCJ.- La Suprema Corte de Justicia remitió el viernes 19 de abril al Parlamento Nacional cinco informes que le fueron solicitados por legisladores en el marco de lo dispuesto por el art. 118 de la Constitución de la República.

El diputado Víctor Semproni solicitó que se le indicaran los motivos para el traslado de una jueza que se desempeñaba en el ámbito penal y fue designada para desempeñarse en un Juzgado Letrado con competencia civil, contestándosele que "el traslado de la Sra. Juez Mariana Mota no obedeció a la imposición de sanción alguna, pues no constituyó disminución de grado o de remuneración, ni cambio geográfico, habiéndose dispuesto por razones de buen servicio, a fin de cubrir vacantes generadas en la judicatura, en el marco de las facultades que la Constitución Nacional (arts. 239 nrales. 2, 4 y 5 y art. 246) confiere a la Suprema Corte de Justicia" añadiendo que se tuvo presente "el principio rector en la materia, conforme al cual el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario (art. 59 de la Constitución)".
El diputado Edgardo Rodríguez solicitó información respecto a la carrera del actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia, sobre la tarea de los jueces, la existencia de cargos de confianza dentro del Poder Judicial y las normas para el ingreso de funcionarios al organismo. En lo que hace relación con el funcionamiento de la Justicia de nuestro país se le explicó que "el Poder Judicial uruguayo está organizado en forma tal que cada uno de sus órganos es independiente en el ejercicio de su función jurisdiccional (art. 72 y 73 de la Constitución Nacional; art. 21 C.G.P. y art. 84 L.O.T.)" y además, que "no hay relación jerárquica entre los órganos judiciales , en cuanto al ejercicio de esa función".
Los diputados José Bayardi, Antonio Gallicchio, Aldo Guerrini, Daisy Tourné y Aníbal Pereyra solicitaron información referida al régimen de traslados de los jueces mediante varias preguntas que fueron evacuadas puntualmente con cita de la normativa aplicable en cada caso. En relación al traslado de jueces realizado en febrero del corriente año, la Suprema Corte de Justicia hizo saber a los referidos legisladores que "cada uno de dichos traslados se realizó ante la necesidad de proveer vacantes, considerando en cada caso las circunstancias particulares de cada Magistrado, así como las circunstancias de cada una de las oficinas judiciales en cuestión, resolviendo en función de criterios que combinan la antigüedad y el mérito".
Por su parte el senador Ope Pasquet solicitó información relativa a la intervención policial ocurrida el 15 de febrero en la sede de la Suprema Corte de Justicia, cuando un grupo de manifestantes intentaron impedir la realización de la ceremonia en la que juraron una decena de magistrados a efectos de quedar habilitados para desempeñarse en sus nuevos destinos, remitiéndosele una breve explicación sobre lo ocurrido en dichas circunstancias.
El diputado Luis Puig solicitó conocer el estado de las "causas por violaciones a los derechos humanos radicadas en las distintas sedes penales del país", a lo cual se le respondió que "la totalidad de las causas radicadas en los Juzgados Penales están vinculadas a violaciones de los derechos humanos" y que dicha información está constitucionalmente excluida del instituto de pedido de informes (art. 118 inc. 2º de la Constitución de la República).