Procesan a funcionarios de UTE por fraude en compleja maniobra con el sistema informático

31.03.16, de DICOMI-SCJ.- El Juez Letrado en lo Penal Especializado en Crímen Organizado de 1º Turno, Dr. Néstor Valetti, dispuso el procesamiento sin prisión de seis funcionarios de UTE por delitos de fraude y de una séptima persona a la que imputó un delito de hurto de energía.

En diciembre de 2009, el Departamento de Protección de Ventas de UTE de Montevideo detectó la existencia de irregularidades en la manipulación de los datos del sistema informático de gestión comercial. Mediante ese sistema era posible habilitar conexiones del servicio eléctrico sin que se pagaran los cargos correspondientes. La maniobra era cometida presumiblemente por funcionarios de UTE en beneficio de particulares y en perjuicio del ente.
Se realizó una minuciosa investigación para conocer la operativa. El sector comercial de UTE en Montevideo está dividido en 5 oficinas comerciales. A través del sistema informático se reubicaron suministros que tenían asignado en el sistema la categoría de "baja voluntaria" y se rehabilitaron en una dirección diferente. La baja voluntaria ocurre cuando se le brinda un nuevo suministro a un edificio donde antes había una casa. El suministro de esa casa queda en baja voluntaria y sin contador.
El funcionario con el perfil de usuario SGC modificaba la dirección del suministro de la nueva dirección y mantenía las demás características del suministro y del contrato en baja voluntaria. En los días siguientes, el presunto cliente debía presentarse en una oficina o comunicarse con telegestiones y solicitar rehabilitar el suministro en la nueva dirección. El agente comercial observaba que el contrato estaba en estado de "baja voluntaria" por lo que no había deuda para asumir, no se pedían garantías y se continuaba el trámite. Se emitía una orden de servicio solicitando la inspección para ver si el lugar contaba con lo solicitado por UTE. En varios casos, el inspector que aceptó la instalación es el mismo funcionario que realizó la búsqueda y modificación de la dirección, o se hace con la complicidad de un agente comercial. Al actualizar la información como cumplida, la cuadrilla que realizaba la instalación interior en general no necesariamente conocía las maniobras anteriores. Luego de contratado el servicio, el mismo queda en situación correcta siendo igual a los trámites realizados regularmente.
Según el auto de procesamiento, el prejuicio para UTE está en que se pueden dar las siguientes situaciones donde el cliente: no paga la deuda en el caso que la hubiera, no abona la solicitud de un nuevo servicio y honorarios del técnico y, en otros casos, el perjuicio de hurto de energía.
Se detectaron 232 casos de reubicación irregular y rehabilitación de los suministros, verificándose que en 194 casos la responsabilidad fue atribuida al funcionario D.C. quien se desempeñaba como Jefe de Inspectores y se estableció que es quien actualiza la inspección de la instalación eléctrica interna. Este funcionario admitió su responsabilidad en los hechos pero sólo en 40 de las oportunidades y no la cantidad de veces que se le imputa. El costo total por las maniobras asciende a $1.770.000, que comprende los suministros que fueron reubicados y rehabilitados antes del 01/22/2008. El ente realizó un sumario administrativo al funcionario que concluyó con su destitución.
Se constato, además de D.C., la participación en maniobras fraudulentas de cuadrillas que estaban integradas por M.M. y L.B. y, por otro lado, J.F. y E.S.
En el auto de procesamiento se presentan algunos de los casos identificándose los datos de los clientes y los funcionarios involucrados en cada maniobra. Asimismo se constató la adulteración de medidores.
El magistrado dispuso el procesamiento sin prisión bajo caución juratoria de D.G.D.C.F. , L.D.B.B., M.M.A., B.A.D.C., R.A.G.L. y D.D.N. por la comisión de un delito continuado de fraude y el procesamiento sin prisión bajo caución juratoria de D.T.D. por la,comisión de un delito continuado de hurto de energía eléctrica, tal como lo había solicitado el representante del Ministerio Público y Fiscal.