Se trata de un delito que se comete mediante un incumplimiento de los deberes funcionales. En el caso del delito mencionado, se entiende que ocurre cuando un funcionario público comete el reato, mediante el engaño o sin él, al participar debido al cargo que ocupa, en cualquier acto o contrato, en que deba intervenir por razón de su cargo, para obtener un provecho indebido, para sí o para un tercero.
También se aplica a aquellos casos en que el funcionario omite denunciar o informar alguna relación que pueda vincularlo con el interesado.
El caso más común ocurre cuando un funcionario debe participar de las bases de un llamado a licitación que sabe que en ese llamado participará como ofertante un amigo o familiar. El precepto penal indica que debe abstenerse de participar en la redacción de ese acto o contrato.