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Discurso del Dr. Jorge Larrieux

Lunes, 03 Febrero 2014
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Agradezco la presencia de ustedes en este acto de especial importancia para el Poder Judicial al comenzar- con la apertura de los Tribunales- un nuevo año de labor.

Mis colegas me honran al designarme Presidente de la Corporación, lo que no significa mérito propio, desde que se trata de un cargo rotativo con las consiguientes responsabilidades.

Normalmente en este acto se hace alusión a los trabajos realizados en el pasado año, lo que se hizo y dejó de hacerse por variadas circunstancias, y a los proyectos para el corriente año.

No los voy a aburrir con los 5.000 metros cuadrados de oficinas que incorporaremos el próximo mes para sede de 16 Juzgados Penales de la Capital, ni con las más de 6.000 metros cuadrados en un futuro mediato en la ubicación del ex Banco Caja Obrera, ni mucho menos con el proyectado Centro de Justicia para Maldonado con más de 12.000 metros cuadrados con los avances en el SGT; en su lugar me pareció más útil reflexionar sobre los sucesos del pasado año donde el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia pareció transformarse en profesión de alto stress.

2013 fue un año complicado para el Poder Judicial todo, por una demanda de Justicia creciente, con recursos siempre escasos para satisfacerla, complicado por la judicialización de los conflictos que no pueden resolverse en otros ámbitos tal vez más adecuados, y especialmente complicado para la Suprema Corte de Justicia que, por decisiones tomadas en el ejercicio pleno de sus facultades constitucionales y legales, se vio sometida a fuertes críticas, en circunstancias por todos conocidas y cuyas implicancias aún se están procesando.

Los incidentes en la sede del máximo órgano del Poder Judicial en febrero del pasado año, los cuestionamientos a sus decisiones en materia de control de constitucionalidad de las leyes, fuera del ámbito propio a las discusiones técnicas, implicó –a mi criterio y sin comprometer a mis colegas-, el intento de desvalorizar el sistema democrático apoyado en tres poderes independientes, mutuamente controlados que, en suma garantizan los derechos de todas las personas y, tal vez lo más grave, implicó desconocer por ignorancia la función de la Justicia, cuyas decisiones podrán o no gustar puntualmente, pero aún así son garantía indispensable de una democracia republicana representativa.

Estos incidentes, repetidos en el pasado año contra la Suprema Corte de Justicia, no deben interpretarse como una pérdida de autoridad de este órgano, que ha dado sobradas muestras de independencia e imparcialidad ajenas a cualquier consideración política, pero sí pueden interpretarse como pérdida – en sectores de la ciudadanía- de la conciencia de esa autoridad en lo que significa como tutela de los derechos ciudadanos, de su papel como custodio de la Constitución y garantía de quienes han constituido una asociación política – la República Oriental del Uruguay según el artículo 1° de la Carta- y tienen derecho a exigir hoy como ayer en palabras del prócer, las seguridades del contrato.

Quienes tenemos algunas décadas en el ejercicio de la judicatura tenemos claro que nada garantiza la independencia del Poder Judicial, podemos hablar de ella, proclamarla pero si no estamos atentos a defenderla en cada gesto y actitud, podemos perderla y con ello el Estado Constitucional de Derecho.

La independencia del Poder Judicial, o más precisamente la independencia de los jueces que la integran puesto que conforme al artículo 233 de la Carta: "El Poder Judicial será ejercido por la Suprema Corte de Justicia y por lo Tribunales y Juzgados...", es premisa básica del sistema democrático contemporáneo.

Al insistir en la importancia de una justicia independiente, éticamente consustanciada con los valores democráticos, no hago más que actuar en defensa propia, en defensa de mi propio interés, pues todos los Jueces de la República son también mi garantía.

La Justicia independiente no es un valor que puede adquirirse como artículo de consumo, requiere respeto pleno a las decisiones de este Poder del Estado por parte de todos los sectores de la sociedad, públicos y privados.

El respeto institucional más que un acto formal es un hecho cultural, no es sólo una obligación de ciudadanos públicos y privados, sino una actitud de vida en un sistema democrático, que también requiere educación.

Muchas gracias por su atención y presencia en este acto.

Montevideo, febrero 2014.

Miércoles, 26 Septiembre 2018